PRISMAB ha instalado más de 1.000 sensores inteligentes por todo el país que han ahorrado más de 300.000 metros cúbicos de agua desde 2019. Esta optimización de los recursos sigue la línea marcada por la Comisión Europea en su estrategia “De la Granja a la mesa”.
La agricultura de precisión que está reclamando la Comisión Europea en su estrategia “De la Granja a la mesa” exige la instalación en los cultivos españoles de sensores inteligentes como los de PRISMAB. Estas herramientas de alta tecnología permiten a los agricultores optimizar los recursos naturales para cumplir con la petición europea de “realizar una transición hacia una agricultura que reduzca la huella ambiental y climática, reforzando la resiliencia del sistema alimentario y revirtiendo la pérdida de biodiversidad”. De hecho, los más de 1.000 sensores que esta compañía ha instalado en ciudades como Granada, Almería y Murcia han ahorrado más de 300.000 metros cúbicos de agua.
Además, esta agricultura de precisión ayuda a que un cultivo sea capaz de producir más, con mayor calidad, y a un menor precio. “Hemos observado que algunas explotaciones han conseguido aumentos en su producción de entre un 5 y un 10 por ciento. Y esto lo han conseguido con un gasto menor que el que venían haciendo hasta ahora”, comenta Antonio Pastor, CEO de PRISMAB.
Su nuevo proyecto, uno de los más ambiciosos de los últimos tiempos, está, ahora mismo, situado en Murcia. Allí, en apenas 3 meses y medio, todos los cultivos del Campo de Cartagena deberán contar con sensores de agricultura de precisión, según la última Ley de Protección Integral del Mar Menor. El objetivo es evitar que se vuelva a repetir un desastre medioambiental como el que se produjo en la laguna en octubre de 2019 y que costó la vida a miles de seres vivos. Para ello, es necesario que los agricultores puedan monitorizar, en tiempo real, algunos parámetros como el caudal del agua de sus explotaciones y sólo utilizar así la que necesiten.
PRISMAB trabaja ya con 50 agricultores de este entorno natural en cuyos cultivos se han instalado más de 200 sensores, entre los que se encuentran, sensores de suelo, tensiómetros, sensores ambientales y, también, caudalímetros. Se trata de las herramientas que la ley exige instalar en todos aquellos cultivos del entorno del Mar Menor que supone unas 50.000 hectáreas. Aquellos profesionales que no cumplan con la norma antes de febrero de 2021 se enfrentan a multas que pueden llegar al medio millón de euros. “Estimamos que el 95% de los cultivos afectados por la nueva norma no estarían cumpliendo la Ley, esto incluye monitorización del estado del suelo y datos de caudales de riego”, asegura Pastor.