La Inteligencia Artificial aterriza en el sector jurídico y legal. El salto tecnológico revolucionará una administración basada en el papel y los procesos lentos.
Así como en otras áreas como la medicina o las finanzas su implementación está siendo más rápida, ¿por qué no sucede lo mismo con el desarrollo de la IA en el sector jurídico y legal? Los expertos coinciden en que poner en manos de algoritmos una materia tan sensible y con tantas garantías legales es un proceso delicado que llevará su tiempo. «La tecnología es un cuchillo que hay que regular, pero sin tenerle miedo», comenta Miguel Salas, abogado y director general de la Fundación Fial. Ese es precisamente el objetivo de esta iniciativa nacida hace dos meses y que pretende impulsar el desarrollo de la IA en este sector.
Riesgos y retos de la IA en el sector jurídico y legal
“El primer reto es tecnológico. Tenemos que desarrollar una IA que sea robusta, segura para las personas y, sobre todo, auditable. Hasta la fecha, España no ha tenido una labor de liderazgo en este sentido”, afirma Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización. Además de los retos a los que debe enfrentarse la Inteligencia Artificial, los riesgos, en lo referente al sector legal, son numerosos. “Casi todos los algoritmos que se aplican a la justicia, siempre perjudican a las personas que son de la raza y condición socioeconómica diferente de la que ha creado el algoritmo. Es el gran problema”, afirma Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España.
Expertos en el ámbito jurídico señalan qué tipos de procedimientos podrían ser los primeros en agilizarse, gracias al uso de la IA. Entre ellos, las cláusulas suelo, las reclamaciones por vuelos cancelados o las pensiones alimenticias en casos de divorcios. Hasta el momento, una función que le corresponde a un juez de familia, pero que en un futuro no muy lejano, realizará un algoritmo.
Segunda fase: determinar en qué ámbitos es posible aplicar la IA
“No se trata de automatizar la justicia, sino de hacerla más eficiente, accesible y transparente”, señala la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. “La Inteligencia Artificial puede aplicarse garantizando el derecho a una tutela judicial efectiva, ya existe un consenso sobre eso”, añade Ortega. “Ahora hay que pasar a la siguiente fase que es determinar en qué ámbitos es posible aplicar el tratamiento masivo de datos, respetando ese derecho”.
El ministerio de Justicia recibirá parte de los 2.600 millones de euros del Plan de Digitalización de la Administración Pública que el Gobierno anunció hace un mes. Mientras estos planes se ponen en marcha, España está la espera de que la Unión Europea defina un reglamento sobre IA para marcar distancia respecto a EE.UU y China, países líderes en el desarrollo de esta tecnología.
