Las administraciones públicas suspenden en IA

Un 33% de las administraciones públicas emplea la inteligencia artificial, aunque la mayoría la consideran una prioridad.

Suspenso. Esa es la calificación que a día de hoy obtendrían las administraciones públicas españolas en uso de la inteligencia artificial. Un informe elaborado por EY para Microsoft pone de manifiesto que solo el 33% de los organismos públicos del país ya han implementado soluciones de inteligencia artificial.

El informe, denominado ‘Artificial Intelligence in the Public Sector: European Outlook for 2020 and Beyond’, revela también que para el 80% de las organizaciones españolas encuestadas la inteligencia artificial es una prioridad digital. No obstante, hasta la fecha solo la emplean unas pocas.

Los líderes lo tienen claro

Pese a los datos, los líderes de las organizaciones sí que indican que su implicación es mayor en el mundo de la inteligencia artificial. Un 50% de los directivos encuestados asegura tener altos niveles de implicación a nivel político y directivo.

Para conseguir el éxito de proyectos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en la administración pública es necesaria la formación de los empleados.

Los datos del estudio ponen de manifiesto que el desarrollo de  las aptitudes de sus empleados  es clave en lo que al desarrollo de las tecnologías se refiere.

Formación en IA

Los trabajadores de las administraciones públicas deben tener, indica el estudio, habilidades técnicas. Esto quiere decir que deberían disponer de conocimientos en ciencia de datos e ingeniería.

También tienen que tener conocimientos sobre el uso de la inteligencia artificial. Esto implicaría, apuntan, otro tipo de formación como la capacidad de negociación, gestión, liderazgo y comunicación. Curiosamente, entre los encuestados de toda Europa occidental, solo el 11% indicó que su organización contaba con un equilibrio adecuado de aptitudes relacionadas con la inteligencia artificial.

Según los expertos, es necesario abordar procesos de reskilling y upskilling que permitan dotar a los empleados públicos de las competencias y capacidades necesarias para realizar sus nuevas funciones.

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