En EE.UU., China y Estonia ya se emplea la Inteligencia Artificial para resolver de manera más ágil procesos judiciales.

La Justicia y la Inteligencia Artificial están condenadas a entenderse. Su uso podría acelerar el trámite de procedimientos administrativos y judiciales que llevan años de demora. Ya hay tribunales superiores de justicia, como el de Murcia, que han anunciado la adopción de algoritmos y de la Inteligencia Artificial para acelerar los procesos.

En el extranjero ya se usa

Para ello, la justicia española se está fijando en casos que ya están funcionando en Estados Unidos como el uso del software Prometea o Compas.

En concreto, en América destaca el programa Compas (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions). Se trata de un software que se utiliza desde 1998 para analizar, según los antecedentes penales de un acusado, sus probabilidades de reincidir. El programa plantea un cuestionario al acusado. Una vez que este responde todas las preguntas, el sistema calcula el riesgo de reincidencia, por lo que el juez define, por ejemplo, si conviene o no otorgar la libertad condicional mientras se completa el proceso judicial.

En China, por ejemplo, se implantó en octubre de 2019 el Tribunal de Internet, definido como un “centro de litigios en línea”. Según la información oficial, se trata de una plataforma en la que las partes cargan los datos del problema a resolver y la IA hace el resto: busca jurisprudencia, analiza la temática, contrasta pruebas y dicta sentencia.

En Estonia también se está apostando fuerte por la automatización de la justicia: no hay intervención humana en todo el proceso. En el pequeño país báltico, considerado el más avanzado del planeta en materia digital, quien dirige el proyecto es el joven Ott Velsberg, quien pretende que las demandas que se presenten ante el tribunal digital no superen los 7.000 euros como cantidad reclamada por daños.

El uso ético de la IA

Sin embargo, según el CCBE, para poder gestionar de manera eficaz el dueto formado por la IA y la Justicia es necesario establecer unos principios y una normativa que regle su implantación en ámbitos concretos del proceso judicial y no reducirlo todo a ahorrar tiempo y recursos. “Los derechos fundamentales de las personas no pueden subordinarse a criterios como la mera mejora de la eficiencia o el ahorro de costes, ya sea para usuarios de los tribunales o para las propias autoridades judiciales”, añaden expertos de la UNIR.