El Parlamento Europeo ha votado a favor de ampliar el papel de Europol, legalizando su tratamiento de conjuntos de datos masivos que contienen información personal.
Los eurodiputados han votado a favor de ampliar el mandato de Europol para que pueda recopilar datos personales de empresas tecnológicas, incluidos los proveedores de telecomunicaciones e Internet y las empresas de redes sociales, y para que pueda recopilar y analizar datos de países de fuera de la Unión Europea (UE).
Las propuestas también dan luz verde a Europol para desarrollar algoritmos y sistemas de inteligencia artificial (IA) capaces de tomar decisiones automatizadas y desarrollar modelos de predicción policial.
El proyecto de reglamento del Parlamento anula una orden del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) de enero de 2020, que obligaba a Europol a eliminar gran cantidad de datos personales que había recogido y procesado ilegalmente.
Usos del Big Data y la IA
Los eurodiputados votaron por 480 a favor de una importante ampliación del papel de Europol, con 142 en contra y 20 abstenciones, en una medida que ampliará el uso de Europol de los big data y la inteligencia artificial en las investigaciones criminales.
La propuesta de reglamento introduce medidas para proteger la privacidad de las personas, incluyendo el nombramiento de un responsable de derechos fundamentales en Europol y la supervisión independiente del SEPD.
Una «expansión masiva y sin control»
Sin embargo, la medida ha sido criticada por grupos de la sociedad civil y algunos eurodiputados, que afirman que supone una «expansión masiva y sin control» de los poderes de Europol y podría representar un primer paso en el camino hacia la creación de una versión europea del GCHQ o de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
«Europol podrá recoger y compartir datos a diestro y siniestro, sin muchas restricciones ni control«, dijo Chloé Berthélémy, asesora de derechos políticos de European Digital Rights (EDRi), una red de organizaciones civiles y de derechos humanos en Europa.
El proyecto legislativo responde en parte a las crecientes solicitudes de Europol para analizar conjuntos de datos cada vez más amplios y complejos para identificar delitos en múltiples países dentro y fuera de la Unión Europea.
