Datos anónimos, el vacío legal del Big Data

Los llamados ‘datos anonimizados’ son aquellos en los que no se puede identificar al usuario, sin embargo, en Big Data, este tipo de información no asegura la privacidad total.

¿Existe algún vacío legal en el ámbito del Big Data?, se preguntan muchos. Lo cierto es que sí. Y es que no todos los datos que se obtienen son localizables. La obtención de datos anónimos tiene un vacío a nivel legal que debe preocupar al sector.

Los datos anónimos son aquellos que se refieren a personas que ni se pueden identificar ni son identificables. Se puede conseguir la anonimización de los datos eliminando los elementos que puedan conducir a la identificación de los usuarios.

El problema surge en conceptos de privacidad. En la actualidad, con los nuevos alcances del Big Data, el proceso de anonimización no asegura por completo la privacidad.

Eliminar rasgos identificativos

A través del proceso de anonimización de datos lo que se intenta es eliminar los datos de los rasgos identificadores personales. Pese a que existen técnicas para promover el anonimato de los datos, la Unión Europea no ha legislado sobre la aplicación imperativa de alguna de ellas, esto quiere decir que los operadores que lo hacen tienen bastante libertad al respecto.

No obstante, los datos identificadores del usuario suelen ser el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, número de la Seguridad Social, etc., Tradicionalmente, al eliminar estos datos de una base o set de datos se aseguraba la privacidad y los datos continuaban siendo útiles, pero actualmente existe riesgo de reidentificación debido a la enorme cantidad de datos de los sujetos que existen con el Big Data.

¿Qué se puede hacer al respecto? La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos sí que considera que los avances tecnológicos y la capacidad para combinar datos dispares pueden reidentificar a un consumidor, dispositivo u ordenador. A su juicio, las empresas tienen fuertes incentivos para realizar esta reidentificación, fijando incluso precios discriminarios a los consumidores basados en el historial de navegación en línea. Sin embargo, de momento existe un cierto vacío legal al respecto.

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